Desde la década de los 90’, Latinoamérica ha adscrito a la política global de construir una educación que promueva la paz entre los pueblos y miembros de las diversas y distintas comunidades. Las expresiones de esta política se han manifestado respondiendo a los contextos socio-políticos de cada nación (López, 2014). En el caso de Chile, nos enfrentamos a una política hibrida, con énfasis punitivos y gerencialitas, lo cual nos ha llevado a las comunidades educativas a plantearnos nuestra convivencia en un análisis “bueno/mala”, sana o insana, funcional o no, indicadores poco funcionales para la complejidad de las comunidades educativas (López, Ramírez, Valdés, Ascorra, & Carrasco-Aguilar, 2018) (Ascorra, Ríos, Gambardella, Bernal, & Mandiola, 2022).

En el año 2015 las autoras López, Díaz, y Carrasco., a partir de las experiencias de distintas instituciones, plantearon que el análisis de la convivencia escolar de los establecimientos educativos que mejoran comparten un diagnóstico sistémico, el diseño de acciones promocionales, las cuales son evaluadas en el tiempo y modificadas en base a evidencia, es decir, la convivencia escolar se gestiona (Lopez & Carrasco, 2019) (Mesa social COVID-19, 2020).

El diálogo entre los distintos actores y actrices de la educación en América Latina, proponen superar el constructo en su versión dicotómica, para una convivencia que se sostenga y construya una sociedad inclusiva y democrática para la paz. Los cambios sociales y políticos exigen a los y las profesionales generar y reconocer herramientas para el abordaje de la diversidad, así como promover y construir procesos de enseñanza-aprendizaje en y para contextos inclusivos, democráticos y pacíficos (Fierro Evans, 2013).